Sábado, 28 Marzo 2015

Leyes Mordaza en un “Estado de Derecho”

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CP Opinión _

 

Amado Carballo Quintero

Secretario Insular de Podemos. Isla de El Hierro

 

AmadoCarballoPodemosHierroEl pasado 26 de marzo de 2015, la ciudadanía y los Derechos Humanos fueron, una vez más con este gobierno cada día más agotado, pisoteados. Fueron aprobadas las normas conocidas como “el trío de mordazas”: la reforma del Código Penal, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma antiterrorista.

Con estas reformas (aunque en un plano diferente está la reforma antiterrorista), orientadas a la restricción innecesaria y desproporcionada de la libertad de expresión e información, de reunión pacífica y de asociación, mediante medidas contrarias a las obligaciones que España ha asumido a través de las normas internacionales, se pretende apuntar directamente hacia colectivos que no suponen un peligro para la seguridad ciudadana, como activistas, inmigrantes y personas sin recursos, pero no se endurece el castigo de la grave lacra que sufre este país con la corrupción.

De nada han servido las observaciones y denuncias de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o el Consejo de Europa.  Cinco Relatores de la ONU expertos en Derechos Humanos, como Maina Kiai, David Kaye, Ben Emmerson, François Crépeau y Michel Forst, exhortaron a la retirada de los proyectos legislativos el mes pasado, alegando que  se cercenarían derechos fundamentales de los ciudadanos, manifestando su preocupación “por la respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”, y acabaron anunciando que confiaban en que “España adoptara todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales".

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, por su parte, juzgó "altamente problemática" el movimiento de mano del gobierno en cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana y expresó su “preocupación por la proporcionalidad de las multas propuestas” (que se suavizaron finalmente).

También gran parte de la sociedad civil se ha posicionado en contra. Catedráticos penalistas de 35 Universidades Públicas españolas criticaron el carácter reaccionario y autoritario de la reforma penal en un manifiesto, y Amnistía Internacional mostró asimismo su preocupación por el giro legislativo.

La justificación de las modificaciones del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana no se sustenta. Es falso que haya una alarmante inseguridad y que estas reformas sirvan para parar el crimen. Nuestro país se encuentra a la cola de la Unión Europea en la comisión de delitos según la Fiscalía General del Estado (2013). Lo que sí se logrará es reducir el número de manifestaciones y “concentraciones”, así como considerar delincuentes a los ciudadanos que realicen protestas pacíficas (resistencia pasiva como delito contra la autoridad).

También es falso que esta reforma sea para combatir la corrupción. Si bien es cierto que se ha regulado con mayor detalle algunas de estas conductas, no es cierto que se haya procedido a endurecer las penas, ni es cierto que se trate a todos los ciudadanos por igual. Así, se amplían los delitos de corrupción por particulares, pero se atenúan las penas. Se rebajan las penas de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos (malversación de caudales públicos) y no se aprovecha para sancionar las grandes estafas como las preferentes o la financiación ilegal de partidos. Quizás porque el Partido Popular no tiene la suficiente legitimidad moral o la “cara suficiente” (caso Gürtel, Papeles de Bárcenas, contabilidad B, reforma de la sede de Génova en dinero negro, caso Bankia, Rato y tarjetas black, etc.).

Es falso también que la reforma descongestionará y aligerará las penas eliminando todas las faltas del Código Penal. Muchas faltas comunes acaban deviniendo en delitos, por lo que los Tribunales penales no se descongestionarán demasiado. Los que no trasciendas irán a la vía civil o a la administrativa, con grandes problemas de congestión también.

Con todo, solo queda agradecer al gobierno popular que las reformas entren en vigor el 1 de julio de 2015 y que, gracias al Cambio político inminente en este país, comprometido con la defensa de los Derechos Humanos, la transparencia, la participación ciudadana y el Estado de Derecho, estas medidas nacen viciadas.