Miércoles, 13 Marzo 2019

El PP pide al Cabildo que se pronuncie sobre la regulación del alquiler vacacional del Gobierno

  CP Tenerife
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Canarias Plural_

Redacción Tenerife

 

Lope Afonso advierte que serán cabildos y ayuntamientos los encargados de gestionar esta modalidad en sus respectivos territorios

 

El Grupo Popular ha solicitado al Cabildo de Tenerife que emita una opinión clara y en la que no quepan interpretaciones sobre la regulación que está haciendo el Gobierno de Canarias del alquiler vacacional a través de la de la modificación de Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias y que previsiblemente será aprobada la próxima semana por el Parlamento de Canarias.

El candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, se mostró preocupado por la falta de consenso con el sector con el que se va a proceder a esta regulación, máxime  cuando serán los cabildos y los ayuntamientos los encargados de regular en sus respectivos territorios esta modalidad.  Además, y según enfatizó, hasta que no se adapten los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, serán las ordenanzas insulares y municipales las encargadas de regular los aspectos territoriales y urbanísticos de implantación de esta modalidad de alojamiento turístico. “Es una gran responsabilidad la que recae sobre nosotros”, dijo Lope Afonso que también es alcalde del Puerto de la Cruz, “por lo que entendemos que el Cabildo no puede mirar hacia otro lado como si esto no fuera con las corporaciones locales”

El portavoz del Grupo Popular, Sebastián Ledesma, ha dirigido una pregunta al grupo de gobierno insular para que se haga pública la posición de los grupos de CC y PSOE en el Cabildo sobre la regulación del alquiler vacacional del Gobierno de Canarias, así como para conocer si los responsables de la corporación en esta área han mantenido conversaciones con las asociaciones que representan a  los afectados por la nueva regulación, ante la que se han pronunciando abiertamente en contra.

Lope Afonso argumentó que “como se ha venido defendiendo desde el Grupo   Popular en el Cabildo de Tenerife y desde el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados a través de la consejera Ana Zurita, el alquiler vacacional es un factor más, pero no el único, que encarece la vivienda en Canarias, ya que la actual situación es en buena medida consecuencia de la falta de asunción de sus responsabilidades con la Vivienda por parte del  Gobierno de Canarias, ya

que Canarias es la Comunidad autónoma dónde peor se han gestionado los programas estatales en esta materia durante los últimos 15 años y de ahí, entre otros factores, la escasez de casas y pisos residenciales en el mercado”.

Según el candidato popular “ha sido el Gobierno de Canarias, que no tiene un Plan de Vivienda desde el año 2009, el que ha propiciado realmente el desequilibrio actual entre oferta y demanda en nuestras capitales impulsando en su día un decreto de alquiler vacacional  que el Tribunal Supremo tuvo que tumbar por ser una medida distorsionadora del mercado”.

Según datos de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), en Canarias hay 138.000 viviendas vacías frente a un déficit cifrado en 40.000, “por lo que es necesario crear las condiciones para que estas viviendas salgan al mercado y se equilibre la oferta y la demanda y, con ella, los precios”, precisó Afonso.

Sebastián Ledesma insistió en que dado que en la regulación adoptada por el Gobierno de Canarias son los cabildos y ayuntamientos los que deben decidir sobre el uso de las viviendas para alquiler vacacional en sus respectivos territorios, “el Grupo Popular considera que este corporación debe hacer un pronunciamiento claro y rotundo sobre cuál es su posición sobre la nueva regulación promovida por el Gobierno autónomo y las medidas sancionadoras contenidas en la nueva norma a fin de tranquilizar a los promotores y a los propietarios de viviendas que quieran entrar en este mercado.”

Además, Ledesma  indicó que el alquiler vacacional “es una actividad económica en la que participan muchas familias canarias y una regulación muy restrictiva puede perjudicar a su economía, por lo que esta corporación debe escuchar las razones del sector hotelero y de las asociaciones que representan a los afectados ante la decisión adoptada por el Gobierno de Canarias”.

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