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  • Domínguez (PP): “Carlos Alonso es el presidente de los conflictos y se quiere cargar nuestra economía”
  • La población es muy sensible en cuanto a la presión turística sobre la isla y estos mensajes pueden desencadenar reacciones indeseables”, advierte el líder del PP en Tenerife

 

Manuel Domínguez, máximo representante del Partido Popular (PP) en Santa Cruz de Tenerife, expresó ayer su rechazó frontal a la pretensión del presidente del Cabildo de Tenerife de imponer una tasa de 3 euros al día para los vehículos del alquiler y dijo que Carlos Alonso “es el presidente de los conflictos, hasta el punto de que parece querer cargarse la economía de la Isla, como ya lo ha hecho con su movilidad”.

El presidente del PP de Tenerife y del Grupo del partido en el Cabildo de Tenerife dijo que “la penúltima idea feliz de Carlos Alonso obedece a su incapacidad manifiesta para desbloquear la Isla de Tenerife, con unos problemas de movilidad que están afectando claramente a la productividad de las empresas y que ahora, pretendiendo grabar aún más a los coches de alquiler, que ya pagan el 13,5% en el IGIC, incidiendo de nuevo negativamente en nuestra principal fuente económica, el turismo, en un momento en el que las cifras de llegada de turistas se están estancando por la recuperación de nuestros destinos competidores”.

“Cualquiera diría que el presidente del Cabildo se quiere cargar nuestra economía, porque ese y no otro será el resultado de su penúltima idea feliz si es que alguien desde el Gobierno de Canarias no le para los pies, como espero que así sea si Fernando Clavijo se atreve por fin a ponerle en su sitio, porque entre otras cosas estamos hablando de una medida que afectaría a todas las Islas, y no sólo a Tenerife”, apostilló Domínguez.

Domínguez explicó que, “debido a su incapacidad para resolver la situación por el déficit en la gestión y la falta de planificación de él mismo y de los distintos mandatarios de su partido, Coalición Canaria (CC), responsables en el Cabildo de Tenerife y en el Gobierno de Canarias en las últimas décadas, Alonso se dedica a buscar culpables a diestro y siniestro, y un día es la ex consejera socialista Ornella Chacón, al otro la universidad, al siguiente los rent a car y más tarde los tinerfeños en general por no hacer uso de un transporte público que, para empezar, no responde a sus necesidades”.

Domínguez precisó que el Grupo Popular se opuso igualmente a la enmienda que ha planteado el Grupo Socialista a la moción de Carlos Alonso para solicitar al Gobierno de Canarias incrementar la fiscalidad de los coches de alquiler y que se debatió ayer en el pleno del Cabildo. En su enmienda los socialistas solicitaban abrir una comisión de estudio para valorar los actuales tipos del IGIC y sus posibles modificaciones. “Nunca contarán con nosotros para abrir un melón en el que el Cabildo de Tenerife no tiene competencias y sólo puede traer más problemas para otros sectores económicos, menos cuando la recaudación de las administraciones está batiendo récords”.

Manuel Domínguez, junto el Grupo Popular del Cabildo de Tenerife, mantuvo el jueves un encuentro con los máximos representantes de la Asociación de Profesional de Empresarios de Coches de Alquiler de Canarias (Apeca) en el que se trasladó al sector el rechazo frontal del PP a la tasa turística contra los rent a car lanzada por Carlos Alonso. “Creemos que es un riesgo innecesario con el que además no se cumplen los objetivos, ni en lo que se refiere a la movilidad ni en cuanto al descenso de las emisiones contaminantes, y además ni siquiera arrojaría una cifra reseñable en cuanto al incremento de la recaudación”, aseveró.

Además, según recordó, la recaudación de este tipo de fiscalidad no puede ser aplicada con carácter finalista “con lo que se desmonta que lo que se cobre a los turistas por alquilar un coche y circular por nuestras carreteras pueda ir directamente a beneficiar a los más desfavorecidos y se descubre que lo de Carlos Alonso es pura demagogia y jugar irresponsablemente con las cosas del comer, porque la población es muy sensible en cuanto a la presión turística sobre la isla y estos mensajes pueden desencadenar reacciones indeseables”.

Según el dirigente popular “lo que en definitiva está haciendo de nuevo Carlos Alonso es generar un nuevo conflicto entre los muchos que ya ha generado con distintos colectivos en lugar de hacer lo que haría yo, o cualquier otro representante público que honre su cargo, y que no es otra cosa que poner en común todas las voluntades y recursos para dar la mejor respuesta posible a las demandas de la población”, concluyó.

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El consejero insular y presidente del PP tinerfeño aclara que esta obra, de concretarse, no estaría en funcionamiento hasta dentro de 5 ó 6 años

 

 

Manuel Domínguez ha pedido a los responsables de Obras Públicas y Movilidad en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo de Tenerife que no jueguen con las legítimas expectativas de los ciudadanos del Norte de Tenerife de ver solucionado en un plazo más o menos breve el colapso de tráfico que sufren diariamente en la autopista del Norte, TF 5.

Según el consejero insular y presidente del Partido Popular (PP) en Tenerife, Coalición Canaria (CC), que es la máxima responsable en materia de carreteras en las instituciones de citadas, está haciendo uso del proyecto de un carril Bus VAO en la autopista del Norte “como si fuera a resolver nuestros gravísimos problemas de tráfico con la mera intención de acallar las críticas y hacer creer a la población menos informada que la solución está en marcha”.

“La realidad”, dijo, “es que aún cuando se concretara finalmente esta obra, cosa que está por ver dadas las idas y venidas que se han producido en las hipotéticas soluciones que el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han barajado en estos últimos años, no estaría en funcionamiento hasta dentro de 5 ó 6 años”, dijo Domínguez.

El dirigente popular reitero que, aunque los responsables de movilidad del Cabildo Insular pretendan presentar el carril Bus VAO “como una especie de panacea, la realidad que a nadie se le puede escapar es que, para ser efectiva, esta actuación conllevaría un cambio brusco en la mentalidad de los ciudadanos y su apuesta inmediata por el uso del transporte público y el coche compartido, cuestión altamente improbable porque todos sabemos que los cambios en las costumbres son siempre paulatinos y, a diferencia de otros asuntos, ni siquiera la inyección masiva de fondos públicos puede alterarlos de una día para otro”.

Manuel Domínguez hizo además hincapié en que “para que el carril Bus VAO fuera eficaz, sería preciso que esta corporación fuese capaz de ofrecer a la población un sistema público transporte barato, rápido y eficiente para la gran mayoría de los tinerfeños del Norte de la Isla que se trasladan cada día al Área Metropolitana, una actuación que además de visión, voluntad política, capacidad de gestión e inversión, debería sortear la dificultad añadida de tener que prestar servicio de calidad a una población muy dispersa”.

Además, y según viene reiterando, Manuel Domínguez recordó que al día de la fecha no existe un proyecto para la construcción de tal carril Bus VAO, que carece lógicamente de la correspondiente ficha financiera.

“Se nos ha dicho que la Consejería de Obras Públicas del Ejecutivo canario tenía ya los pliegos para la contratación de la actualización del proyecto de trazado y el proyecto constructivo para la implantación del carril en la TF-5 y que estos se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) para iniciar el proceso de licitación, pero seguimos esperando a que este anuncio se cumpla, como en otros tantos proyectos pendientes”, apuntó.

Domínguez indicó que en relación a la fecha de puesta en funcionamiento del carril Bus VAO hay que tener en cuenta asimismo que el cambio de Gobierno en el Estado “ha dejado en stand by la firma del Convenio de Carreteras, que es donde se contemplaría la ficha financiera completa del carril Bus VAO, y por ello el panorama ante el que nos encontramos es de absoluta indefinición sobre los plazos en los que tal actuación podría estar en funcionamiento, especialmente si recordamos que aún no tenemos siquiera constancia de la existencia del correspondiente proyecto”.

“Yo pienso”, concluyó Domínguez, “que los ciudadanos del Norte de Tenerife no se merecen que les estén contando cuentos chinos sobre la solución a las colas que diariamente están sufriendo a día de hoy y desde hace décadas y que, para ser sinceros, y aunque sea duro decirlo, no tendrán solución en plazo razonable para los tinerfeños debido a los errores, la indefinición y la falta de planificación de los responsables públicos de CC”.

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  • Manuel Fernández exige a las administraciones regional e insular que tomen medidas para que este fenómeno no altere el precio del alquiler y perjudique a los residentes
  • El consejero acusa a la corporación insular de “pasar de puntillas” por este problema y actuar “mansamente” ante la tardanza del Gobierno en lanzar un nuevo borrador de decreto

El consejero insular del Grupo Popular en Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández, ha reclamado a los responsables del área en la corporación insular que se pronuncien sobre el borrador del nuevo decreto sobre alquiler vacacional del Gobierno de Canarias, ya que, dijo, “es importante que den a conocer la posición que mantienen con respecto a las autorizaciones en suelo turístico, que en el texto se trasladan a los ayuntamientos con el visto bueno del Cabildo”.

Fernández indicó que este nuevo proyecto de decreto, que vendría a sustituir al de 2015 y que fue recurrido ante los tribunales, “es prácticamente idéntico al anterior, salvo en lo que se refiere a que ahora se podrá desarrollar el alquiler vacacional en suelo turístico siempre y cuando así lo apruebe el Ayuntamiento competente y obtenga el visto bueno del Cabildo”.

Según el consejero insular, el Cabildo “ha estado tratando pasar de puntillas por un asunto tan importante para el sector turístico como el alquiler vacacional, cuando la realidad es que en esta Isla donde mayor presencia tiene alquiler vacacional, que con un 40% aproximadamente de toda la actividad que se desarrolla en Canarias, representa el 12% de la oferta alojativa y es la opción del 10% de los que nos visitan, además de ser uno de los factores responsables de los récords en la llegada de visitantes extranjeros a nuestra isla. Fernández precisó a este respecto que “esta es una razón más que suficiente tanto para que el Cabildo se moje en esta cuestión y presione para que el Gobierno de Canarias tenga en cuenta su criterio”.

Según Fernández, y ante el empuje que ha tenido en los últimos años, “nadie duda ya a día de hoy que no se le pueden poner puertas al campo y que este modelo turístico ha venido para quedarse”. Sin embargo, indicó, “esta actividad debe estar reglada, cosa que no está ocurriendo ya que actualmente, según los últimos datos, solo el 20% (6.500) de las casi 32.000 viviendas que están el mercado del alquiler vacacional están registradas, por lo que hay un 80% que no lo están.

Además, el consejero insular indicó “que se les debe de exigir a los propietarios de estas viviendas unos estándares mínimos de calidad y de seguridad para el visitante que opte por alojarse bajo esta modalidad, además de tomar medidas para atajar el efecto paralelo de incremento sustancial del precio de la vivienda para los trabajadores y residentes en nuestra isla, aspecto sobre el que ni la administración regional ni la insular han hecho nada con el resultado de que los perjudicados somos los que vivimos en esta tierra”.

“Esta es la situación en la que nos encontramos en este momento y la que no se puede permitir por ninguna administración, aunque desgraciadamente está ocurriendo sin que se tomen las medidas necesarias para evitarlo porque el Gobierno de Canarias ha decidido tomarse todo el tiempo del mundo para lanzar un nuevo decreto de alquiler vacacional y el Cabildo de Tenerife esperar mansamente a que lo hiciera”, recalcó Manuel Fernández.

Manuel Fernández se mostró muy crítico con la tardanza del Gobierno de Canarias en emitir un nuevo borrador de decreto para el alquiler vacacional. “Hemos vivido tres años de malestar e incertidumbre económica en el sector turístico y ahora nos salen con un texto que viene a decir prácticamente lo mismo que el de 2015, recurrido ante los tribunales”, concluyó.

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El portavoz del Grupo Popular dice que, debido a la dispersión del gobierno insular en sus acciones promocionales, Tenerife se queda sin un evento para el que sí merecía la pena hacer un esfuerzo

El portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife, Sebastián Ledesma, dijo ayer que el presidente de la corporación, Carlos Alonso, y el consejero responsable del área de Turismo, Alberto Bernabé, deben asumir las responsabilidades correspondientes por no haber tenido la suficiente visión de futuro y establecido los mecanismos y vías adecuadas de comunicación para evitar que, como desafortunadamente ha ocurrido, Tenerife se quede por segundo año consecutivo sin el Festival Starmus.

Ledesma indicó que si los responsables de la corporación insular hubieran actuado con visión de futuro, “a la vista de las dificultades que se plantearon el año pasado habrían asumido como propia la organización del festival, o al menos habrían tratado de cerrar un convenio con los promotores del evento”, tal y como el Grupo Popular propuso en su momento.

Según indicó, “este es esfuerzo, aún con las responsabilidades económicas que llevaría aparejadas, sí que merecía la pena hacerlo a la vista de los buenos resultados para la promoción turística y científica de la Isla que se vieron desde la primera edición del Festival Starmus debido a la presencia en las islas de destacados científicos, además algunos tan mediáticos como Stephen Hawking”. Sin embargo, según indicó, el gobierno insular “ha preferido seguir pajareando de una acción promocional a otra en su afán de ser la niña en el bautizo y el muerto en el entierro en lugar de fijar su atención en las cosas importantes y que ya han demostrado que funcionan”

Ledesma indicó que lo ocurrido es un ejemplo más de que “este gobierno insular es un experto vendedor de humo, y desde esa actitud tan frívola no se persevera con solidez en lo importante, sino que se disipan los esfuerzos en mil y una aventuras promocionales para salir continuamente en la foto”.

El portavoz popular anunció que volverá a solicitar explicaciones en los órganos de la corporación “a los responsables de este desaguisado”, es decir, a los que han llevado a Tenerife a dejar de ser la sede de un evento tan interesante para la Isla como el Festival Starmus, “porque si no se han resuelto los compromisos adquiridos inicialmente con el promotor del festival y el pago de las subvenciones acordadas, es normal que nos hayan vuelto a dar de lado”.

Ledesma recordó que mientras el Starmus se celebró en Tenerife, “se trasladó a la opinión pública la idea errónea de que el festival era del Cabildo debido a la continúa presencia en la foto de Carlos Alonso y otros responsables del gobierno insular”. La realidad es que la corporación, como se ha demostrado de nuevo este año, “no tiene ni control ni interés real sobre el evento y su falta de visión, inacción y/o incapacidad de negociación ha llevado a la Isla a verse perjudicada con la pérdida que supone para la promoción turística y científica de Tenerife salir del circuito del Festival Starmus”.

El portavoz del Grupo Popular añadió que dejar de ser sede del Festival Starmus “supone además para Tenerife un daño a la imagen de la Isla porque, a los problemas de pagos insatisfechos que transcendieron el año pasado, se une la lectura de que el festival se va porque es un asunto que le queda demasiado grande a Tenerife”.

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El líder del PP en Tenerife asegura que supone un reconocimiento a la buena gestión económica de las corporaciones locales en estos últimos años

 

El líder del Partido Popular (PP) en Tenerife, Manuel Domínguez, expresó ayer su satisfacción por la decisión del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, de permitir finalmente a los ayuntamientos reinvertir sus superávits para responder a las necesidades de sus vecinos. “Esto supone una gran noticia para los ayuntamientos, porque les libera de ciertas ataduras, que eran comprensibles por el momento crítico que hemos vivido, y les permite dotarse de un importante margen de maniobra para llevar a cabo las inversiones demandadas por el municipio”.

Según explicó Domínguez, que es alcalde de Los Realejos, el Gobierno del Estado se ha comprometido con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a autorizar a las corporaciones locales a disponer de los superávits en sus cuentas públicas de 2017, 2018 y 2019 en nuevas inversiones, con el compromiso de que sean financieramente sostenibles.

Además, en una próxima convocatoria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), se formalizará el rango de inversión en el que se pueda usar el mencionado superávit y se ampliará el listado de actividades en las que invertir, incluyendo cuestiones tales como la seguridad ciudadana.

Hasta ahora, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impedía que los Ayuntamientos pudieran utilizar su superávit para inversión si no mantenían sus cuentas dentro de unos márgenes de déficit y de deuda, además de respetar la regla que establecía el techo de gasto para asegurar la estabilidad presupuestaria.

Aunque el Municipio de Los Realejos ha podido realizar las inversiones consideradas financieramente sostenibles que se acomodaban al listado anual permitido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública desde el mismo momento en que el Estado las autorizó, Manuel Domínguez quiso expresar ayer que la decisión anunciada por Cristóbal Montoro supone “un merecido reconocimiento al conjunto de los ayuntamientos españoles por la buena gestión de sus cuentas, que creo que ha sido modélica en el conjunto de las administraciones publicas”.

“Hemos sido cumplidores y nos hemos aprovechado para lograr nuestro objetivo de las medidas adoptadas por el Estado para sanear nuestras cuentas, como el plan de pago a proveedores, los fondos de liquidez o el incremento en la participación de los ingresos del Estado, y nuestra realidad actual es que la mayoría hemos pasado de cerrar las cuentas con déficit público, a hacerlo con superávit”, dijo Domínguez, quién añadió que se calcula que en 2018 el superávit de los ayuntamientos españoles asciende a 5.000 millones de euros.

El dirigente popular aclaró que la medida adoptada por el Estado no supone la ruptura del compromiso de sostenibilidad financiera que han asumido todas las instituciones, pero sí permite que, sin necesidad de que desaparezca la regla del techo de gasto, los ayuntamientos pueden racionalizar la medida y hacerla más eficiente para sus necesidades de inversión.

Para poner en marcha la flexibilización anunciada, el Estado estudiará el listado que le remitirá con carácter urgente la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) con los proyectos de inversión que los ayuntamientos quieren sacar adelante a fin de estudiarlos y decidir sobre su viabilidad. 

Asimismo, Montoro se ha comprometido a estudiar el nuevo mecanismo jurídico (Decreto Ley) que permitirá las inversiones de estos remanentes positivos durante 2018 y 2019.

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Los populares comparten con el CEST la necesidad de acelerar la redacción y licitación de las obras pendientes

El Partido Popular (PP) impulsará las propuestas que por parte del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), se han realizado ante las distintas Administraciones, comprometiéndose además a defender aquellas partidas de los Presupuestos Generales del Estado 2017 que contribuyan a mejorar las dotaciones de los diferentes municipios de esta zona de la Isla.

En una reunión de trabajo mantenida por la directiva del CEST con la dirección del PP tinerfeño representada por Dª Ana Zurita, Dª Águeda Fumero, D. Emilio Navarro, D. Manuel Fernández, y D. Manuel Domínguez, se valoraron las líneas de trabajo desarrolladas por el CEST en materia de carreteras, seguridad, ocio, playas y actividades marítimas, así como la preocupación existente a raíz de los problemas entre la Dirección Provincial de Costas y la Capitanía Marítima de Tenerife o, en este orden de cosas, las reivindicaciones que empresarios y profesionales han venido trasladando respecto a la necesidad de revisar con participación ciudadana la Zona Especial de Conservación Marina Teno Rasca.

Desde el Círculo del Sur se ha reiterado la necesidad de adoptar cambios legislativos y medidas que permitan corregir la situación generada por la aplicación de la Orden 2417/2011, de 30 de agosto, que restringe las actividades marítimas, zonificando las áreas de protección y contando con la opinión de los colectivos que trabajan diariamente en el entorno marino. En la actualidad, dicha normativa afecta a todo tipo de embarcación a motor, grande o pequeña, por lo que son miles las embarcaciones afectadas (transporte de personas, de carga, excursiones de turistas, buceo, cruceros, motos de agua, etc…).

Como se recordará, hace casi cinco meses que la Dirección Provincial de Costas de Tenerife denegó las solicitudes de las renovaciones de los servicios náuticos desde playas, a empresas que vienen desarrollando su actividad, prestando servicios y generando puestos de trabajo desde hace más de veinte años, dándose la circunstancia de que, sin embargo, por parte de la Capitanía Marítima se están concediendo autorizaciones de licencias a nuevas empresas que operan desde los Puertos.

Un marco legislativo que está castigando gravemente al sector poniendo en peligro miles de puestos de trabajo, los problemas generados por la burocracia tanto para empresas que desean iniciar su actividad como para las que vienen prestando estos servicios desde hace décadas y la falta de medios humanos o materiales para el necesario control y vigilancia de estas actividades, son elementos que por parte del CEST exigen respuesta y soluciones inmediatas, preocupaciones que el Partido Popular ha considerado razonables así como merecedoras de la atención de las Administraciones implicadas.

A juicio del CEST, se está dando una absoluta confusión competencial que está provocando descoordinación e incluso un vacío entre los distintos organismos públicos, Costas y Capitanía Marítima, careciéndose de un criterio uniforme y claro. En esta dirección, empresarios y profesionales del Sur de Tenerife y PP coincidieron en la oportunidad de que se revise cuanto antes el marco legislativo por parte de las administraciones municipal, insular, regional y estatal.

Considera el PP, que la Dirección Provincial de Costas, debe definir tales competencias, atendiendo a las peculiaridades de la Isla y contando tanto con el Cabildo de Tenerife como con el Gobierno de Canarias, que para los populares deben generar una mayor claridad para definir e identificar a la Administración capaz de llevar a cabo una gestión integral del litoral.

Desde el PP, se ha apuntado que es imprescindible promover una mayor uniformidad en la regulación de las costas y definir criterios objetivos, para evitar que se denieguen de forma injustificada renovaciones o licencias nuevas, considerando además que si fuera preciso, deben revisarse las condiciones ambientales aplicables al litoral tinerfeño para la localización de la ZEC, teniendo presente que en el caso de Gran Canaria se sitúa a 300 metros de la costa en la franja marina del suroeste de la isla, gran parte de la zona turística en donde coexiste la ZEC, y todas las actividades en el mar.

El PP se ha comprometido a impulsar en el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el Gobierno de Canarias, la modificación del marco legal existente, adelantando que se está trabajando ya en una orden ministerial para regular estas actividades, que previsiblemente estará aprobada en el transcurso del primer semestre de 2017. En tanto se apruebe la citada orden, y atendiendo a las alegaciones formuladas por las empresas afectadas, se están elaborando informes de contestación que permitirá la continuidad de las actividades adaptándolas en las distintas zonas. Uno de los objetivos compartidos por CEST y PP es que las renovaciones de servicios de temporada, se autoricen cada cuatro años, en vez de uno, como permite el actual reglamento de La Ley de Costas. De esta manera, se podrá invertir más en la actividad, en el servicio tanto a turistas como a residentes, y una mejor formación de los equipos de trabajo, todo ello en el beneficio de seguir construyendo un mejor destino turístico. De igual manera, los representantes del CEST, expusieron la necesidad de que se autoricen, actividades en la costa, con el mismo criterio que se realizan en el resto de Provincias y Comunidades Autónomas del territorio nacional. Plataformas, mesas y sillas, y música, son autorizaciones denegadas, o que se autorizan en algunos lugares y en otro no. Bodas y banquetes, así como las celebraciones de eventos culturales y deportivos cumpliendo con los requisitos legales y medioambientales, son solicitudes que están pendientes de autorizar en el litoral urbano de la comarca sur, todo ello para mejorar las experiencias de nuestros turistas y de nuestros residentes en el lugar de mejor clima del país y de Europa, Canarias.

En la reunión de trabajo se planteó igualmente la necesidad de que se aceleren de forma urgente las gestiones para avanzar con las principales obras que demanda el Sur de la Isla. En este sentido, se recalcó la oportunidad de que se revise el proyecto del enlace Oroteanda-Charifas así como que se confirme que efectivamente hay espacio para llevar a cabo el tercer carril dentro del mismo, exigiéndose por otra parte que se impulse la licitación de la obra de forma inmediata.

Respecto a la licitación del Anillo Insular y su financiación con el convenio de carreteras suscrito por los Gobierno de España y Canarias, el PP puso de manifiesto que en los Presupuestos del Estado de 2016 se incluyeron 15 millones de euros para comenzar con las expropiaciones y la ejecución del proyecto, con el compromiso de aumentar la dotación incrementando las aportaciones al convenio de Carreteras. Entiende el PP que las diferencias entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han entorpecido el proyecto, llegando a indicar que el PP desconoce donde han ido a parar los fondos asignados. Desde el CEST, se insistió ante los representantes del PP en la necesidad de que se amplíe el proyecto del tercer carril hasta la Atalaya de Adeje, exigiendo una primera fase del proyecto, en el tramo comprendido entre Guaza y Los Cristianos que ayudaría de forma más que notable a reducir los actuales embotellamientos de tráfico.

La licitación de un nuevo proyecto para el enlace de Los Cristianos que dé respuesta a las situaciones que se generarán una vez eche a andar el nuevo Hospital del Sur, la conservación y mantenimiento de la TF-1 y de las carreteras secundarias dotándose de una correcta iluminación en los carriles de aceleración y desaceleración, así como un correcto mantenimiento y embellecimiento de los taludes fueron algunos de los asuntos abordados en un encuentro que permitió a los directivos del CEST trasladar la enorme inquietud con la que se vive en el Sur de la Isla, que aún contando con financiación para acometer las obras no hayan proyectos redactados, un handicap al que cabe añadirse el que las Administraciones competentes no cuentan con estructuras técnicas o medios necesarios. En este punto, desde el PP consideran que la falta de coordinación y planificación está entorpeciendo la respuesta desde lo público.

Por último, en el encuentro entre el CEST y el PP tinerfeño los empresarios y profesionales del Sur reiteraron la necesidad de contar con un nuevo puesto de la Guardia Civil cerca de la autopista, así como que la Comisaría del CNP y la Comandancia de la Guardia Civil cuenten con intérpretes.

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