Canarias Plural_

Redacción Tenerife

 

  • Manuel Fernández exige a las administraciones regional e insular que tomen medidas para que este fenómeno no altere el precio del alquiler y perjudique a los residentes
  • El consejero acusa a la corporación insular de “pasar de puntillas” por este problema y actuar “mansamente” ante la tardanza del Gobierno en lanzar un nuevo borrador de decreto

El consejero insular del Grupo Popular en Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández, ha reclamado a los responsables del área en la corporación insular que se pronuncien sobre el borrador del nuevo decreto sobre alquiler vacacional del Gobierno de Canarias, ya que, dijo, “es importante que den a conocer la posición que mantienen con respecto a las autorizaciones en suelo turístico, que en el texto se trasladan a los ayuntamientos con el visto bueno del Cabildo”.

Fernández indicó que este nuevo proyecto de decreto, que vendría a sustituir al de 2015 y que fue recurrido ante los tribunales, “es prácticamente idéntico al anterior, salvo en lo que se refiere a que ahora se podrá desarrollar el alquiler vacacional en suelo turístico siempre y cuando así lo apruebe el Ayuntamiento competente y obtenga el visto bueno del Cabildo”.

Según el consejero insular, el Cabildo “ha estado tratando pasar de puntillas por un asunto tan importante para el sector turístico como el alquiler vacacional, cuando la realidad es que en esta Isla donde mayor presencia tiene alquiler vacacional, que con un 40% aproximadamente de toda la actividad que se desarrolla en Canarias, representa el 12% de la oferta alojativa y es la opción del 10% de los que nos visitan, además de ser uno de los factores responsables de los récords en la llegada de visitantes extranjeros a nuestra isla. Fernández precisó a este respecto que “esta es una razón más que suficiente tanto para que el Cabildo se moje en esta cuestión y presione para que el Gobierno de Canarias tenga en cuenta su criterio”.

Según Fernández, y ante el empuje que ha tenido en los últimos años, “nadie duda ya a día de hoy que no se le pueden poner puertas al campo y que este modelo turístico ha venido para quedarse”. Sin embargo, indicó, “esta actividad debe estar reglada, cosa que no está ocurriendo ya que actualmente, según los últimos datos, solo el 20% (6.500) de las casi 32.000 viviendas que están el mercado del alquiler vacacional están registradas, por lo que hay un 80% que no lo están.

Además, el consejero insular indicó “que se les debe de exigir a los propietarios de estas viviendas unos estándares mínimos de calidad y de seguridad para el visitante que opte por alojarse bajo esta modalidad, además de tomar medidas para atajar el efecto paralelo de incremento sustancial del precio de la vivienda para los trabajadores y residentes en nuestra isla, aspecto sobre el que ni la administración regional ni la insular han hecho nada con el resultado de que los perjudicados somos los que vivimos en esta tierra”.

“Esta es la situación en la que nos encontramos en este momento y la que no se puede permitir por ninguna administración, aunque desgraciadamente está ocurriendo sin que se tomen las medidas necesarias para evitarlo porque el Gobierno de Canarias ha decidido tomarse todo el tiempo del mundo para lanzar un nuevo decreto de alquiler vacacional y el Cabildo de Tenerife esperar mansamente a que lo hiciera”, recalcó Manuel Fernández.

Manuel Fernández se mostró muy crítico con la tardanza del Gobierno de Canarias en emitir un nuevo borrador de decreto para el alquiler vacacional. “Hemos vivido tres años de malestar e incertidumbre económica en el sector turístico y ahora nos salen con un texto que viene a decir prácticamente lo mismo que el de 2015, recurrido ante los tribunales”, concluyó.

Publicado en Noticias de Tenerife

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Redacción La Gomera

 

El diputado de ASG Jesús Ramos destaca la importancia de que se apruebe una norma acorde con las necesidades de la sociedad actual y que permita conjugar el modelo turístico y residencial

Ramos valora que el texto garantice una mayor capacidad de decisión por parte de ayuntamientos y cabildos pero pide el respaldo del Gobierno de Canarias para compartir esta responsabilidad

 

Agrupación Socialista Gomera ha defendido este miércoles, en el Parlamento de Canarias, la necesidad de que el decreto del alquiler vacacional atienda a la realidad que presenta cada Isla y cada municipio, con el fin de ajustarse a las necesidades de la sociedad actual.

El diputado de ASG Jesús Ramos valoró que finalmente, tras una larga espera, el Gobierno de Canarias cuente con un borrador del decreto que vendrá a regular esta actividad y evitará que afecte al precio del alquiler a los residentes, tal y como está ocurriendo en algunas Islas, en especial en Lanzarote y Fuerteventura.

No obstante, Ramos indicó que este borrador debe convertirse en ley en un futuro próximo para garantizar su calidad y sostenibilidad. Además, incidió en la necesidad de que se efectúe en las máximas condiciones de calidad y respeto a los ciudadanos que viven en zonas residenciales, así como a los turistas, cumpliendo unos preceptos legales y disponiendo del personal adecuado.

“Es fundamental que esta normativa permita conjugar el modelo turístico y residencial, que sepamos dar la oportunidad a las numerosas familias que viven de esta actividad, tal y como ocurre en La Gomera, pero al mismo tiempo que se controlen los precios del mercado, sin romper la dinámica que nos ha brindado el turismo tradicional”, explicó.

Al respecto, Ramos mostró sus dudas acerca de algunos aspectos como la falta de viviendas en islas como Lanzarote y Fuerteventura, el aumento en el precio del alquiler convencional, el convenio al que se acogerán los trabajadores o el conflicto entre residentes y turistas, que según indicó, “seguirá existiendo ya que estas viviendas estarán, exclusivamente, en suelo residencial”.

Por ello, pidió al Gobierno regional que clarifique el convenio para los trabajadores y que se realice a través del de hostelería, además de que esté muy vigilante para que el resto de cuestiones que preocupan a los canarios respondan a sus intereses y se cumplan sin dar pie a arbitrariedades o a confusiones.

Insistió en la necesidad de que cada inmueble que se dedique al alquiler vacacional deba estar registrado para tener mayores garantías y seguridad al visitante y también, mayor tranquilidad para los propietarios.

Ramos recordó que en islas como La Gomera, La Palma o El Hierro, que cuentan con un modelo turístico diferente, conviven perfectamente el alquiler vacacional con el residencial. Además, detalló que al contar con la Ley de Islas Verdes, donde todo el suelo es turístico, la realidad de estas islas no es comparable con lo que ocurre en otras, mucho más masificadas o en zonas eminentemente turísticas.

Valoró que el decreto aporte mayor capacidad de decisión y gestión a los ayuntamientos y cabildos que son las instituciones que mejor conocen las necesidades de sus residentes y turistas pero, precisó que también es importante recibir el respaldo del Ejecutivo autonómico para que se pueda compartir tal responsabilidad.

En este sentido, aludió a la importancia de “definir con claridad las competencias, los preceptos y las áreas en las que se permitirá ejercer dicha actividad, así como las obligaciones que tendrán que cumplir todos aquellos propietarios y gestores que quieran dedicar sus viviendas a esta actividad”.

Por último, reclamó al Gobierno canario el compromiso firme para que haya una mejora considerable en la calidad del empleo del sector turístico, en especial para las camareras de piso, que siguen sufriendo unas condiciones pésimas, con salarios muy bajos y duras jornadas laborales. “Esperamos que se concluya, cuanto antes, el estudio de las cargas de trabajo y se revise el catálogo de enfermedades profesionales, para que no se den por comunes enfermedades que son propias de esta profesión”, aclaró.

Publicado en Noticias de La Gomera